INTRODuCCIóN La extensión de derechos políticos a los ciudadanos mexicanos que radican en el exterior es una vieja demanda que cristalizó en la elección presidencial de 2006. Por primera vez, y no sin contratiempos, los mexi- canos que viven fuera del territorio nacional tuvieron derecho a votar en las elecciones de su país de origen. Con este evento cívico se inauguró en México un proceso largamente pospuesto de inclusión de una minoría marginada de la esfera de la política formal, por encontrarse ausente del país. Aunque se trata de un proceso acotado a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, los emigrantes, el peso histórico de este acon- tecimiento es mayúsculo para el proceso democrático mexicano, si se ubica en su justa dimensión teórica y política. Este es un procedimiento que a nivel planetario –salvo excepciones–1 reconoce la constitución de nuevas nociones jurídicas (de facto nuevas formas de ciudadanía) que preservan derechos políticos de los sujetos en movilidad geográfica constante. El derecho a votar en el exterior, como reglamentación y como pro- cedimiento, implica, por tanto, un avance sustantivo para la democracia que refrenda los derechos de quienes mantienen un vínculo político con su estado de origen vía el voto. Este hecho fue en sí mismo una conquista, que puso a México al día en la normatividad electoral internacional, al ser el reconocimiento formal de que la ciudadanía no se cancela por lejanía geo- 1 En América Latina la lista de países que no reconocen derechos políticos formales a sus ciu- dadanos residentes en el extranjero sigue siendo excesivamente larga: Chile, uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití. 11
Los superheroes no existen
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