RepResentaciones y pRácticas sociales isbn: 978-607-9294-01-4 alumnos tendrían que migrar a las secundarias públicas o a las incorporadas que eran laicas, provocando el cierre de las religiosas. La respuesta de la jerarquía católica al decreto no se hizo esperar. Me- diante una instrucción pastoral (enero de 1932) dirigida a los padres de fa- milia, Pascual Díaz, arzobispo de México, les ordenaba que no enviaran a sus hijos a las secundarias laicas y les recordaba su obligación de procurar la educación cristiana de sus hijos; a los maestros católicos, como represen- tantes de los padres, les encomendaba ser coadyuvantes en esa empresa.23 En cuanto se tuvo conocimiento de la nueva política escolar contenida en el Reglamento de Escuelas Secundarias en el Distrito Federal, el Comité Nacional de la unPf sostuvo reuniones con los directores de las principa- les escuelas secundarias y con los padres de los alumnos. La resolución fue hacer una protesta ante el presidente de la república, y se pidió a los padres 142 de familia que apoyaran el amparo que pensaban solicitar los directores de los colegios. Por último, Edelmiro Traslosheros, presidente de la organiza- ción, se lamentaba de las difíciles condiciones económicas y de organización que hacían que “nuestra obra camine lentamente, muy a pesar de los buenos deseos de los miembros del Comité”.24 El Reglamento de Escuelas Secundarias particulares recibió, como se preveía, el rechazo de la unPf, que en un largo memorial expuso su protesta, considerándolo inconstitucional; y argumentó, desde el punto de vista jurí- dico, educativo, moral y religioso, la inviabilidad del mismo. La Unión pedía a Bassols que reflexionara el contenido del memorial y lo sometiera a consi- deración del presidente Ortiz Rubio, para que este dispusiera la suspensión del Reglamento.25 Mientras tanto, el Comité Nacional de la unPf, en vista de los proble- mas causados por el decreto y la nueva política escolar de la seP, se planteó intensificar sus acciones, organizando sus comisiones técnica, jurídica y de propaganda, y exhortando a los centros estatales ya instalados a que hicie- ran lo mismo. Poco después, con la aprobación del arzobispo de México, ya habían quedado constituidas las comisiones técnica y jurídica, “que se encargarían del estudio y tramitación de los asuntos que se relacionan con los fines de la Unión”.26 Como era previsible, a pesar de los argumentos de la unPf, la seP no accedió a suspender el decreto. El secretario de Educación rechazó el ocurso Colección Cuadernos de Trabajo de Posgrado • Historia Moderna y Contemporánea • Maestría
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