En México, el sistema federal atribuye a cada nivel de gobierno funciones específicas para el desarrollo de políticas públicas. Si bien los gobiernos locales son los principales planeadores y ejecutores del desarrollo urbano, también son los que menores capacidades tienen para su desempeño. Este trabajo analiza las políticas de movilidad no motorizada de dos metrópolis mexicanas generadas por las interacciones entre autoridades y actores no-gubernamentales, y evidencia numerosas dificultades para los gobiernos locales a la hora de juntar recursos financieros, humanos y técnicos a destino de obras públicas para peatones y ciclistas. Concluye que, en una era de desarrollo metropolitano creciente, la centralización del sistema fiscal y el esquema de partidos políticos son dos elementos clave que resultan en un inadecuado marco de planeación de la movilidad urbana, una política local partidista y un gobierno local técnica- y financieramente debilitado para proveer infraestructura y servicios de calidad a sus ciudadanos.